Así lo ha expresado el presidente de la entidad, Fran Sardón, recientemente relegido al frente de Predif, en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’, donde explica la crudeza de la crisis sanitaria y social actual y el efecto que ha tenido en las personas con discapacidad. Se puede acceder a todos los contenidos de la edición 397 del boletín en este enlace.

 

"La situación que hemos vivido con la Covid-19 ha sido un varapalo tal, que, si entramos en una nueva época de recortes, puede ser la puntilla para que el Tercer Sector desaparezca y con él numerosas organizaciones de la discapacidad", alerta Sardón, quien entiende que se debe proporcionar “más apoyo que nunca” a las personas con discapacidad por ser población de riesgo.

 

En este sentido, resalta que la entidad está trabajando para mejorar la protección de las personas con discapacidad reclamando la regulación de unas normas básicas de obligado cumplimiento en toda España. “En una ley como la Dependencia, generadora de derechos, es contradictorio que el derecho se cambie en función de dónde se viva”, remacha Sardón.

 

De alcanzarse esta regulación, se convertiría, a su juicio, en “uno de los apoyos más importantes que van a tener las personas con discapacidad para tener una vida participativa, poder vivir en comunidad y ser ciudadanos de pleno derecho”. 

 

Asimismo, anuncia que la regulación de la figura del asistente personal será “el gran objetivo” de la entidad tanto en los próximos meses como en el año 2021, sin olvidar otros temas de especial interés para la entidad como garantizar el pleno cumplimiento de la ley de Accesibilidad Universal, modificar la Ley de Propiedad Horizontal o mejorar las prestaciones económicas del sistema de dependencia.

 

En la actualidad, según expone el presidente de Predif, indica que la organización está reanudando la actividad y los servicios en la ‘nueva normalidad’. “Trabajamos en una creciente normalidad”, señala Sardón, quien no olvida la situación de dramatismo y máxima preocupación vivida durante los primeros días de pandemia.

 

 

Por otro lado, la publicación incluye una entrevista con el delegado del CERMI de Cooperación e Innovación Asociativas, al hilo de la reciente publicación por parte de la entidad del documento ‘Crear un futuro mejor para las personas y el planeta: Una reflexión estratégica desde el movimiento asociativo de la discapacidad’, en el que se incide en la importancia de trabajar de forma conjunta entre diferentes sectores sociales.

 

Como detalla Azúa, algunas de las propuestas de dicho documento son “profundizar en la actuación de las organizaciones de la discapacidad en los derechos sociales; la preocupación por el empleo; actualizar el propio proyecto de las organizaciones que permita sumar los principales movimientos sociales y ciudadanos en favor de derechos compartidos, que son retos transversales, y una gobernanza de las organizaciones más mixta”.

 

Paulino Azúa lamenta que en España existan buenas intenciones y luego los responsables políticos no las lleven a la práctica: “En España a veces se nos llena la boca y cuando llega la hora de poner las cosas en práctica es otro cantar. Esa presión social hay que llevarla al ordenamiento jurídico y luego hay que hacer que eso se cumpla, porque aquí se ha suscrito la Convención de la ONU sobre Discapacidad”, pero su cumplimiento “dista mucho todavía de ser satisfactorio”.

 

 

La edición 397 de ‘Cermi.es semanal’ contiene también un reportaje sobre una mesa redonda organizada por el CERMI, en la que diferentes personas expertas abordaron la necesidad de fortalecer las políticas de impulso del empleo con apoyos para personas con discapacidad. 

 

En ella, el director general de Políticas de Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Celada, expuso su preocupación por los datos de empleo de las personas con discapacidad y apuntó que falta “conciencia social”, pues “las empresas todavía no se atreven a incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas y hay muchos clichés y sesgos”. Además, declaró que “falta una facilidad administrativa y es cierto que el real decreto de 2007 es complejo en su aplicación y aunque existe una normativa base, falta una normativa que blinde el puesto de trabajo de las personas con discapacidad, que fomente la promoción y la protección”.

 

Por su parte, la secretaria general de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI y secretaria general de la Federación Española de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (FEACEM), Pepa Torres, vaticinó una “crisis social importantísima y, con ella, una importante crisis de empleo”, por lo que apremió a “reforzar las ayudas a la contratación de personas con discapacidad” y aprobar un nuevo marco legal de inclusión laboral. De que “la revolución 4.0” a la que nos veníamos acercando ya es una realidad, y por tanto debemos acostumbrarnos a ella.

 

El presidente de AESE, Alfonso Gutiérrez, reivindicó la necesidad de aportar estabilidad a los programas de empleo ordinario”, ya que “el empleo con apoyo, mediante la figura del preparador laboral, convierte al trabajador en una pieza fundamental dentro de la empresa, como cualquier otro y son trabajos rentables y efectivos”. Mientras, el gerente de Down España, Agustín Matía, resaltó la experiencia de su entidad para ver “con claridad” lo que no está funcionando y avisó de que, en España, “el empleo con apoyo todavía no ha encontrado el espacio que le corresponde”.

 

Por último, la gerente de la Federación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), Raquel Prieto, instó a que se hagan las adaptaciones precisas para que el teletrabajo, “que ha venido para quedarse, no deje fuera a las personas con discapacidad”. En esta línea, Silvia Sánchez, de CERMI Comunidad de Madrid, incidió en los riesgos de la brecha digital y abogó por brindar más oportunidades de formación.